La juez considera probado que el condenado, Venancio P.R, es socio mayoritario de la empresa Parra, dedicada a la fabricación y comercialización de embutidos, situada en el polígono Los Olivos, de la localidad de Getafe.

Andrés Felipe Betancourt, de nacionalidad colombiana, trabajaba en la compañía desde una fecha no determinada "sin haber sido dado de alta en la Seguridad Social por dicha empresa, careciendo el empleado de permiso de residencia y de trabajo". Su labor consistía en tareas de limpieza de máquinas de producción de embutido, para lo cual tenía que manejar una máquina picadora de carne.

AÑO 2005

En esta situación, sobre las 9.30 horas del día 23 de febrero de 2005 y, cuando se encontraba picando carne para la elaboración de salchichas, se le quedó la mano atrapada en la máquina, al engancharse el guante de látex facilitado por la empresa y que llevaba puesto por razones de higiene. "Ello fue debido a que la citada máquina carecía de anillo protector que hubiera evitado el accidente, así como de mazo empujador de la masa de carne, circunstancias que eran conocidas por el titular de la empresa, ya que el citado anillo se había roto días antes y había sido advertido de ello por el trabajador", señaló el fallo judicial.

RIESGO LABORAL

En este sentido, determina que el funcionamiento de la máquina en estas condiciones infringía varios artículos de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, "al utilizarse el equipo de trabajo sin el mecanismo de protección previsto para la operación a realizar".

A consecuencia del accidente, el trabajador resultó herido con lesiones por las que precisó tratamiento quirúrgico consistente en la remodelación del muñón de amputación a nivel del tercio distal del antebrazo derecho. Por ello estuvo hospitalizado tres días, quedándole como secuelas la amputación del miembro superior derecho a nivel de tercio distal de antebrazo derecho y cicatriz quirúrgica de 11 por 3 centímetros, discórnica y distrófica en muñón.

La juez considera que se ha producido un delito de lesiones por imprudencia grave y un delito constitutivo contra los derechos de los trabajadores, en lo referente a no facilitar por parte de la empresa los medios necesarios para que los trabajadores desempeñen una actividad sin riesgos.

PAGA DE 3,6 EUROS LA HORA

Durante el juicio, el trabajador señaló que no firmó ningún contrato de trabajo, que le pagaban 3,6 euros la hora. También consta que le imputado no dio parte en ningún momento del accidente laboral ocurrido y que Inspección de Trabajo lo conoció a través de la denuncia del lesionado.

Además, el encausado, al conocer el accidente, y antes de llevar al herido al hospital, mantuvo una conversación telefónica en la que pudo tratar de informarse de cómo actuar para desviar toda responsabilidad de lo acaecido sobre su persona.

Como conclusión, la magistrada acuerda, además de los dos años de cárcel y los casi 250.000 euros, el pago de las costas judiciales y la imposición de la pena accesoria de inhabilitación especial para el ejercicio de gerente en empresa con trabajadores asalariados durante el tiempo de la condena. No obstante, la sentencia no es firme y puede ser recurrida. Europa Press