El ex presidente tiene hasta la medianoche del miércoles 7 de abril para pagar la fianza

Así lo comunicó este martes el magistrado a Rafael Perera, letrado de Matas, para quien Castro ha dictado además la retirada del pasaporte -que ya fue ordenada el pasado viernes como medida cautelarísima para evitar su sustracción de la justicia hasta que el juez se pronunciase-, la prohibición de abandonar el territorio nacional sin previa autorización judicial y la obligación de comparecer quincenalmente 'apud acta' ante el juzgado.

Mientras tanto, Castro decretó también la retirada del pasaporte, la prohibición de salir de España y la comparecencia cada quince días para el cuñado de Matas y ex tesorero del PP balear, Fernando Areal, también imputado dentro del caso Palma Arena, que investiga el presunto desvío de más de cincuenta millones de euros durante la construcción del velódromo palmesano (2005-2007) y su posible conexión con el supuesto enriquecimiento ilícito del ex presidente.

En concreto, sobre el ex ministro de Medio Ambiente pesan los presuntos delitos de malversación de caudales públicos -hasta en siete ocasiones-, falsedad documental, prevaricación administrativa, fraude a la administración, cohecho, blanqueo de capitales, un delito electoral y otro contra la Hacienda pública, castigados con hasta 68 años de prisión pese a que la pena máxima que cumpliría el ex presidente sería de 24, a tenor de las graduaciones de condena establecidas en el Código Penal.

MATAS TOMABA PERSONALMENTE LAS DECISIONES

El titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma, José Castro, apuntó a una "farsa orquestada" por el ex presidente del Govern, Jaume Matas, para ocultar que era quien tomaba personalmente las decisiones relativas a la construcción del velódromo Palma Arena y que supusieron el presunto desvío de más de 41 millones de euros entre 2005 y 2007, parte de los cuales pudieron acabar engrosando su patrimonio, según las investigaciones.

Así lo expone el magistrado en un contundente auto de más de 140 páginas que dictó el martes y en el que justifica, junto a otros numerosos hechos supuestamente delictivos, su decisión de decretar prisión provisional eludible bajo fianza de tres millones de euros para el ex ministro de Medio Ambiente, así como la retirada de su pasaporte -que ya ordenó el pasado viernes para evitar su huída-, la prohibición de abandonar el territorio nacional y la obligación de comparecer cada quince días 'apud acta' ante el juzgado.

En su resolución, el juez instructor del caso Palma Arena asevera que "a efectos de ostentar un control directo sobre el proyecto y dar una cobertura formal a sus decisiones", encargó a su entonces directora general de Gabinete, Dulce Linares, y al ex director general de Deportes, José luis 'pepote' Ballester, "llevar las actuaciones necesarias para tal fin bajo su supervisión y control directo", y ordenando a sus subordinados en el proyecto que hicieran lo que ambos indicaran.

REUNIONES INEXISTENTES Y ACTAS FALSAS

Asimismo, encargó la gestión del velódromo a la Fundació Illesport con el objetivo de "eludir los controles ordinarios técnicos, de intervención y fiscalización del Govern". Todas las actas de las reuniones de este órgano, añade el juez, "son falsas" y Matas era quien ordenaba confeccionarlas con el contenido que "facilitaba previamente y las firmaba tras su confección".

Así, entre las medidas que aprobó el patronato de la Fundación, presidido por Matas, pese a que "nunca" celebró ninguna reunión, fue la contratación "directa sin expediente ni procedimiento administrativo" del arquitecto inicial del Palma Arena, Ralph Schürmann; el endeudamiento del Govern en nueve millones para ejecutar la infraestructura, y la petición de una aportación económica al Ejecutivo balear por 46,4 millones.

Es en este contexto que Castro considera que el encausado "ha sido incapaz en su declaración de explicar qué persona tomó decisiones tan trascendentes y muchas de ellas ilegales", lo que a su juicio "ratifica los fuertes indicios de que el responsable fue el propio Matas".

En esta misma línea, el juez observa indicios de prevaricación al "imponer" la colaboración de los arquitectos Luis y Jaime García-Ruíz con Schürmann y contratarlos tras la destitución de éstos, pese a que la comisión ejecutiva de Illesport -que adoptó la decisión- no tenía competencias para ello. Ambos acabaron percibiendo, según el auto, un total de 8,5 millones de euros en concepto de consultoría y asistencia para la ejecución de la infraestructura.

Mientras tanto, considera un "elemento decorativo" la junta rectora del consorcio que fue creado para la construcción, ya que Ballester y el ex gerente del velódromo, Jorge Moisés, eran "los únicos que tomaban decisiones".

Por otro lado, la resolución judicial detalla las distintas licitaciones presuntamente irregulares que se llevaron a cabo durante la construcción así como a los modificados que se realizaron "sin contrato ni expediente alguno". "La orden era terminar como sea, a cualquier coste. El fin justifica a los medios", espetó el magistrado en el auto.

EL PALMA ARENA, UN "PROYECTO PERSONAL DE MATAS"

Castro va incluso más allá y califica el Palma Arena como un "proyecto personal de Matas", de acuerdo a las manifestaciones expuestas por sus más inmediatos colaboradores. Una iniciativa que "dirigía de forma efectiva a través de Ballester, con el que se reunía frecuentemente para tratarlo, y excluyendo directamente a la responsable máxima de Deportes, Rosa Puig".

En concreto, sobre el imputado pesan los presuntos delitos de malversación de caudales públicos -hasta en siete ocasiones-, falsedad documental, prevaricación administrativa, fraude a la administración, blanqueo de capitales, un delito electoral y otro contra la Hacienda pública, castigados con hasta 68 años de prisión pese a que la pena máxima que cumpliría el ex presidente sería de 24, a tenor de las graduaciones de condena establecidas en el Código Penal.

Cabe señalar al respecto que la Ley establece unos límites máximos de cumplimiento, por lo que no necesariamente a quien condenan a una determinada pena cumplirá los años impuestos, sino los límites máximos fijados por la ley. De acuerdo a esta normativa, existe un límite que es el del triple de la mayor de las penas dictadas, de modo que el delito más grave que en este caso se le imputa a Matas sería de ocho años -malversación-, lo que quedaría traducido en un total de 24.

Matas, que es el principal imputado en el "caso Palma Arena", fue presidente de Baleares en dos legislaturas (1996-1999 y 2003-2007) y fue ministro de Medio Ambiente con el presidente José María Aznar.

El ex político popular causó ayer baja temporal, a petición propia, como militante del PP tras 17 años en la formación, de la que fue presidente del partido en Baleares.