En el peor registro de la política que es la politización de las instituciones. En el caso del TC, para ser exactos, habría que hablar de banderías. Los jueces llamados a interpretar la Carta Magna se han dejado etiquetar. Son "conservadores" o "progresistas". La Constitución es una, pero en cada momento y en función de la correlación de fuerzas y de los intereses políticos, la interpretación varía.

La aritmética arrebata su papel a la ciencia jurídica y la exigible equidad e independencia de los magistrados se deja "emocionar" por la política. El resultado, en el caso del Estatuto catalán, es que el TC con su premiosa forma de llevar el caso ha permitido que en Cataluña el "Estatut", que lleva ya dos años en vigor, haya dado pie a leyes y normas de imposible vuelta atrás sin crear grandes problemas políticos. Por no señalar algo, todavía más inquietante, un posible conflicto institucional entre el Estado y el "Parlament de Catalunya".

Siento tener que decirlo así, pero creo que los actuales magistrados del TC no han estado a la altura de sus obligaciones. Al margen, ya digo, del signo de la esperada sentencia, entristece observar el descrédito de una institución llamada a velar por la Carta Magna.