Uno de ellos, Ramón Jáuregui, ha explicado a los periodistas que esa referencia ha sido eliminada porque "la laicidad -ha dicho- no tiene una liturgia alternativa".

Inicialmente, se había dado por buena una redacción en la que se citaban expresamente los funerales de Estado como ejemplo de lo que debería ser una progresiva desaparición de liturgias y símbolos religiosos en los espacios públicos y en los actos oficiales de Estado, pero Jáuregui ha justificado la supresión de esa referencia al considerar que era "el ejemplo más desafortunado".

"Lo haremos con mesura", ha dicho el dirigente socialista, quien ha insistido en la idea de que ese avance hacía la laicidad debe ser un proceso, y no algo que se alcance "de la noche a la mañana".

Ha reconocido que algunos delegados han presentado enmiendas en las que "han querido ir más lejos" y que se hablara de la supresión de símbolos eliminando el término "progresiva" que figura en el texto, así como que ha habido una petición, entre otros de la corriente Izquierda Socialista, para revisar los acuerdos con la Santa Sede.

No obstante, la ponencia ha decidido finalmente mantener esos términos y avanzar, según Jáuregui, "sin provocar divisiones" en un país en el que la cuestión religiosa ha provocado rupturas.

La laicidad es definida por los socialistas como un principio de tolerancia y de respeto a las creencias, pero también como una gran conquista de la sociedad, según Ramón Jáuregui, quien ha explicado que quienes pedían la denuncia de los acuerdos con el Vaticano han asumido finalmente el mensaje que se dirige a la Iglesia Católica en el texto en el sentido de que la actual relación Iglesia-Estado no debe mantenerse "de manera eterna".

"La Iglesia Católica, cuya singularidad histórica, cultural y sociológica en España reconoce el Partido Socialista, debe ser consciente de que el inciso final del artículo 16.3 de la Constitución no otorga prevalencia de derechos y no es razón para privilegios ni puede significar limitación alguna de la aconfesionalidad del Estado", señala la ponencia aprobada.

La ponencia sobre "Nuevas políticas e instituciones para una sociedad en igualdad" ha aprobado también otras cuestiones, como la creación de un grupo de expertos para que analicen la reforma de la legislación sobre el aborto o la apuesta para que se pueda suprimir un tratamiento paliativo a un enfermo cuando sólo se está prolongando artificialmente la vida y se está sufriendo por ello.