Rivera dijo en un comunicado que la medida "atenta contra los derechos fundamentales", ya que sin el padrón los inmigrantes no tendrán acceso a los servicios públicos de salud y educación, y correrán un mayor riesgo de exclusión social, "con mayor intensidad atendiendo a la grave situación de crisis y paro que azota a las clases más vulnerables", consideró.

Afirmó que el pacto en Vic responde a motivos electorales y que es ilegal, por contradecir la Ley de Bases de Régimen Local de 1995, y acusó a los tres partidos de no haber sabido controlar adecuadamente los flujos migratorios. EP