"Trabajamos en un texto alternativo donde confrontaremos nuestro modelo para lograr eficacia en las herramientas que deben tener los docentes en su intervención, y para dejar claro que no se puede restringir la autoridad del profesorado al ámbito del aula y no se puede tampoco descansar sobre los profesores todos los elementos que tienen que ver con la convivencia escolar", defendió Menéndez en rueda de prensa en la Asamblea de Madrid.

Por su parte, los representantes de CC.OO. UGT y la FAPA Giner de los Ríos coincidieron con los socialistas en que el texto que impulsa el Gobierno de Esperanza Aguirre "carga toda la responsabilidad" al profesor, y defendieron su modelo basado en la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que fue rechazada en la Asamblea de Madrid.

Así, abogan por tener más recursos y medios, bajar las ratios de las aulas, dividir a los alumnos con necesidades especiales o crear un observatorio de la convivencia escolar en la región.

El texto del Ejecutivo madrileño contempla convertir en Autoridad Pública a los profesores de centros escolares públicos, concertados y privados, entre otras cosas.

MÁS MEDIOS

Durante la rueda de prensa, el representante de UGT, José Vicente Mata, lamentó que si la educación madrileña no avanza más, incluido el aspecto de la convivencia escolar, es "porque hacen falta más medios".

Así, destacó que la ley de Autoridad impulsada por Aguirre es "un recetario de soluciones", y criticó que el problema está en los medios y recursos. Asimismo, señaló que la nueva norma supone "cargar toda la responsabilidad" de la convivencia en las aulas en el profesorado", una idea que compartieron sus compañeros de mesa.

Por su parte, desde CC.OO, Paco García, reclamó un "modelo integral" y criticó que la Comunidad de Madrid se encuentra "a la cola" de las comunidades en inversión educativa por alumno respecto al PIB.

Así, explicó que su propuesta para mejorar la convivencia en las aulas pasa por que exista, en primer lugar, un observatorio de la convivencia escolar y que a partir de ahí se establezcan las necesidades de los alumnos madrileños.

Entre las medidas que propone se encuentra bajar las ratios por clase, dar más autonomía a los centros para que actúen en función del perfil del alumnado y que se adopte una perspectiva preventiva para evitar la violencia en las aulas.

Por último, el presidente de la FAPA Giner de los Ríos, José Luis Pazos, estuvo de acuerdo con sus compañeros de mesa, y destacó que cualquier profesional "tiene que ser reconocido profesional y socialmente". Además, reclamó otro modelo, ya que el del Ejecutivo regional "apuesta por volcar en exclusiva al profesorado el tratamiento de la convivencia en los centros educativos", y no cuenta con el resto de la comunidad educativa.

En su opinión, con el modelo que propone la Comunidad "la administración pretende mantenerse al margen" y "esperar a ver si los demás son buenos o malos ejecutores de sus planteamientos".