Cobrar una pensión tras haber cotizado durante toda una vida de trabajo con el horizonte de jubilación a los 65 años, es, ya digo, un derecho; no una gracia del Gobierno de turno.

Luego están los detalles. Que el anuncio del "pensionazo" se haya producido no en Toledo (ciudad en la que se firmó el pacto sobre pensiones entre los partidos, los sindicatos y la patronal), sino en Davos, la localidad suiza en la que los gurús del capital examinan a los políticos, es todo un símbolo. Y una evidencia, una más, del insoportable grado de improvisación que caracteriza la gobernación de Rodríguez Zapatero.

La medida anunciada deja con el culo al aire a un Gobierno que hasta hace dos días acusaba de catastrofista al Gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, por haber dicho que convendría abrir un debate sobre el futuro de las pensiones a la vista de la involución del mercado de trabajo. El propio Zapatero y, sobre todo, Celestino Corbacho, ministro de Trabajo, le deben excusas a Mafo por colocarle en la diana de los sindicalistas.

Por lo demás, es un sarcasmo que quien anuncia que tiene intención de alargar en dos años la edad de jubilación -hasta los 67 años- sea el mismo que tuvo la ocurrencia de jubilar a los 52 años y con el 92 por ciento del sueldo a miles de trabajadores de RTVE y contempló con pánfila indiferencia las prejubilaciones en edades similares de cientos de empleados de los grandes bancos o de Telefónica. El "pensionazo" es la última perla de una forma de gobernar ajena a la exigible coherencia de las decisiones que afectan al común.