De los inmigrantes jubilados, en torno a 400.000, un 90% se concentran en ocho provincias, principalmente en la costa mediterránea y en los dos archipiélagos.

Un informe del Real Instituto Elcano elaborado por los investigadores del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) Vicente Rodríguez y Paz Rodríguez, así como por el profesor de la Universidad de Zaragoza Raúl Lardiés, concluye que en España residen dos millones y medio de europeos, de los que más de un 21% son jubilados que deciden no empadronarse. Entre las razones que argumentan para no inscribirse en el padrón municipal destacan que así no pagan impuestos, no pierden los derechos sociales en sus países de procedencia, no se encuentran integrados al no hablar el idioma o, simplemente, por desconocimiento.

La investigación, que se basa en estudios previos y en encuestas y entrevistas personales realizadas a extranjeros retirados y residentes en Andalucía, recoge que "la población extranjera retirada tiende a no empadronarse" en el municipio de residencia, "a pesar de lo cual acceden a determinados servicios y beneficios sociales", lo que "causa perjuicios relevantes a las arcas municipales y a la capacidad de los Ayuntamientos y otras Administraciones públicas para planificar la dotación de servicios".

Según los resultados de la investigación, una de las razones que alegan para no registrarse en el padrón es por "temor" a que se "haga llegar sus datos a la policía, lo cual llevaría quizá implícita la necesidad de cotizar y pagar impuestos en España, siendo eso sinónimo de perder ciertos derechos y beneficios en sus países de origen".

Además, un 43% de los entrevistados dijo vivir temporalmente en España como razón para no registrarse. A juicio de los investigadores, esto supone "dejar la puerta abierta a la posibilidad de entender la residencia como una estancia turística de larga duración" y así "mantener los derechos sociales y la vinculación con el país de origen" ya que no hay conexión entre los distintos registros nacionales.

Al margen, los investigadores señalan "el desconocimiento de las normas y prácticas administrativas españolas" y el "desinterés por conseguir información adecuada" así como "las dificultades con el idioma y el temor al coste del personal, en tiempo y esfuerzo" para realizar el empadronamiento.

REPARTIDOS EN OCHO PROVINCIAS

El estudio refleja la "elevada concentración" de estas personas en determinadas áreas geográficas, de modo, que el 90% de los inmigrantes mayores de 55 años procedentes de la UE-15 más Noruega y Suiza residen en ocho provincias, principalmente de la costa mediterránea y los dos archipiélagos. Así, Alicante, Málaga y Almería concentran dos tercios del total, y en Baleares, Las Palmas, Tenerife, Gerona y Murcia vive el resto.

El estudio explica también que España tiene una sobre-representación de jubilados europeos respecto del conjunto de los inmigrantes. En 2009 los mayores de 55 años procedentes de estos países sumaban 400.000 personas, un tercio del total de extranjeros de estas nacionalidades. En casos como los de Alemania, Dinamarca, Finlandia, Noruega, Reino Unido, Suecia y Suiza, el 40% de sus nacionales instalados en España están en edad de jubilación y, en total, el 6% de los europeos que viven en el país han cumplido los 75 años.