El alcalde, Manuel Ángel Fernández, denunció que "la reforma lleva implícita la privación de un bien, como es la calidad acústica y atmosférica para las poblaciones del entorno de los aeropuertos y puede comportar daños para la salud de las personas o incluso patrimoniales, por lo que conculca el artículo 33.3 de la Constitución que ampara el derecho a no ser privado de un bien o derecho".

Para el alcalde, "resulta moral y legalmente inaceptable que unos ciudadanos tengan que soportar la privación de un derecho en beneficio del interés económico de otros, más aún si a esta privación se le confiere, como se pretende, efectos retroactivos".

Para Manuel Ángel Fernández, que suscribe punto por punto la denuncia del citado Manifiesto, la reforma legal que se va a llevar a Cortes tampoco aporta "ninguna garantía de que las servidumbres vayan a reflejar la realidad de la contaminación que padecemos". "Sin procedimientos adecuados, todavía por definir, y con los valores límites de inmisión y emisión que actualmente aplica AENA en la definición de las huellas acústicas, no se aplican las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud", apuntó.

El Manifiesto se cierra con una petición a los miembros del Parlamento para que devuelvan este proyecto de ley al Gobierno, con el fin de que lleve a cabo un estudio exhaustivo y coherente del marco normativo actual y la causa real de los conflictos que esta reforma pretende abordar y haga una nueva propuesta de reforma legislativa en el que representantes de los municipios y ciudadanos afectados puedan ser oídos, pues el progreso que atenta contra la salud y el bienestar de las personas, ni es progreso, ni puede legitimar la acción legislativa.