La UCO registra la sede del PSOE de Ferraz y la casa de Santos Cerdán

El juez ubica la trama para "desestabilizar" causas sobre el PSOE a partir del periodo de reflexión de Sánchez

La Audiencia apunta que las operaciones las habría liderado Cerdán y se habrían hecho "con cargo" al PSOE

El juez de la Audiencia Nacional (AN) Santiago Pedraz investiga una presunta "trama" creada para "desestabilizar de forma sistemática y continuada" las causas judiciales que afectan al PSOE y al Gobierno, señalando que el "punto de inflexión" fue el periodo de reflexión que se tomó el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, en abril de 2024 a raíz de la imputación de su esposa, Begoña Gómez. Mientras, agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han registrado la sede nacional del PSOE en la calle Ferraz de Madrid en el marco de una investigación de la Audiencia Nacional en el denominado 'caso Leire'.

 

En un auto, el juez atribuye un "papel superior" al entonces secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, que "habría trabado una relación con Leire Díez que le llevó a encargarle, según se infiere de sus comunicaciones, la coordinación y ejecución de una serie de actuaciones".

 

Unas actuaciones, agrega Pedraz, que son "penalmente relevantes, con el propósito principal de desestabilizar de forma sistemática y continuada cualquier procedimiento judicial u actuación policial que pudiera impactar directa o indirectamente en los intereses del PSOE o del Gobierno, gravemente afectados en ese momento por la consecutiva apertura de procedimientos judiciales en los que se investigaba a miembros de partido o de la familia del presidente del Gobierno".

 

El magistrado instructor señala que el 24 de abril de ese año, "pocos días después" de que el juez Juan Carlos Peinado abriera diligencias contra Gómez, Sánchez publicó su 'Carta a la Ciudadanía', en la que "se establecía a sí mismo un periodo de reflexión que finalizaría el 29, tras el cual tendría lugar un pronunciamiento al respecto de su decisión", que finalmente fue que continuaba al frente del Ejecutivo.

 

Según añade, "es precisamente en ese periodo de reflexión cuando por parte de Cerdán se señala una reunión en la sede que el PSOE posee en la calle Ferraz de Madrid" y que tuvo lugar el día 26.

 

A esa reunión, cuya convocatoria el juez atribuye a Cerdán, asistieron el entonces dirigente del PSOE, Díez, el empresario Javier Pérez Dolset, el que era responsable de comunicación Ion Antolín y Juan Manuel Serrano. "Me voy de urgencia a Madrid. Me ha mandado Santos ir. Tenemos información que ayudaría al presidente", transmitió Díez a Vicente Fernández, expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), según un mensaje intervenido y que el juez recoge en la resolución.

 

"Esta reunión se considera el punto de inflexión en lo que respecta a la actividad investigada", señala, para añadir que, desde ese momento, el grupo de personas liderado por Cerdán y coordinado por Díez, del que "además forman parte Javier Pérez Dolset y Gaspar Zarrías", tiene como "objetivo último proteger los intereses puestos en juego por estas causas y que afectaban a este partido político y, directa o indirectamente, a miembros del Gobierno".

 

Pedraz expone que "existen serios indicios incriminatorios que evidencian que, a través de Cerdán, en ese momento secretario de Organización del partido, con cargo al mismo se habría soportado la actividad investigada, tanto desde el punto de vista de su financiación, como de diversas cuestiones de índole logística".

 

"REMUNERACIONES A CAMBIO DE INFORMACIÓN"

 

Además, Pedraz pone el foco en "pagos sin revelar el ordenante de los mismos" a través de sociedades de los investigados y con "el presumible concierto de la gerente de la Secretaría de Organización del PSOE, Ana María Fuentes", también investigada y "quien emitía las oportunas órdenes de encargo sobre las que elaborar mendaces facturas que permitirían la transferencia de fondos con destino a Díez".

 

El juez sospecha que la supuesta trama habría ofrecido "a funcionarios de la Guardia Civil, investigados y fiscales" una serie de "remuneraciones a cambio de información o actos contrarios al ejercicio de sus cargos", con la "premisa" de "atacar la correcta dirección de las investigaciones" en causas judiciales.

 

Al respecto, pone como ejemplo las "sucesivas denuncias infundadas" contra la magistrada instructora de la causa en la que está acusado David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, la Fiscalía Anticorrupción o la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

 

Y señala que "se estableció como premisa atacar la correcta dirección de las investigaciones en dichas causas judiciales por los magistrados instructores", donde Pedraz incluye también a Peinado.

 

"Para ello, Díez habría contado con el impulso y el soporte intelectual y/o financiero" de Cerdán, "que habría acordado remunerarla por tales servicios en la cantidad de 4.000 euros mensuales con cargo a los fondos del partido", dice el juez.

 

El magistrado atribuye a Gaspar Zarrías la prestación de su sociedad "como vehículo para dichos pagos" desde su asesoría, igual que el letrado Ismael Oliver habría hecho con sus "sociedades".

 

Según el auto, Cerdán y Díez tenían una "relación previa", aludiendo a que ambos ya serían parte de otra presunta trama de presuntas irregularidades en contratos de la SEPI en la que aprovecharían "sus capacidades para orientar procedimientos administrativos y obtener de ello rédito económico".

 

Pedraz, que ya investigaba a Díez y Fernández en esa pieza del caso, señala que, "de manera indiciaria", Cerdán también habría participado en el grupo denominado 'Hirurok', "actuando junto al resto de integrantes y participando de sus beneficios, pero haciéndolo además en un plano de jerarquía superior".

 

CERDÁN DISPUSO LA ESTRUCTURA DEL PSOE

 

Asimismo, el juez menciona palabras de Pérez Dolset y Díez en una reunión con el fiscal Ignacio Stampa donde el empresario expuso que, cuando "sale la imputación de Begoña Gómez, la mujer del presidente, entonces el presidente ya dijo que se limpie todo", añadiendo Díez "límpiese" y agregando él "límpiese, sin límite".

 

"Intentamos contactar con el PSOE dos años y sólo cuando ocurre lo de Begoña alguien nos recibe", aseguró también Díez según unas anotaciones manuscritas localizadas por los investigadores. También afirmó, sobre la causa abierta al hermano de Sánchez, que el objetivo de la presunta trama era "destruir el procedimiento".

 

Y añade que Díez comentó a Fernández, en el marco de la comparecencia del jefe del Ejecutivo tras el periodo de reflexión, que "el presidente del Gobierno está refiriéndose a todo lo que estamos haciendo", lo que entiende una "alusión directa a la utilización de la información aportada por el grupo investigado", así como que Serrano se dirigió a ella para decirle: "Mira el jefe cómo cita lo de los audios".

 

El instructor sostiene que esa actividad "la desarrollaron de forma coordinada, manteniendo unicidad de acción y dirección, personificada en este caso en la figura de Cerdán".

 

"Lo hacían además siguiendo una estrategia, algo que Díez menciona en varias ocasiones, llegando a enunciar que 'ya tenemos una estrategia, llevamos meses trabajando en ella', añadiendo además que 'está todo perfectamente coordinado'", agrega.

 

Por ello, concluye que sabían "claramente cuáles eran sus prioridades, señalando como la principal a 'el presidente', añadiendo además que lo es dado que 'sin eso no hay nada más'".

 

El magistrado considera que Cerdán ejercía un "rol superior" y que "habría puesto a disposición de la estructura criminal la propia estructura del partido, que desde sus inicios soportó el coste de la actividad investigada, permitió que se sirviese de su personal para el desarrollo de funciones administrativas, aportó sus dependencias para la celebración de reuniones, o soportó el coste de la logística (viajes, alquiler de vehículos) de algunos de sus miembros".

 

A la par, expone que las reuniones de la presunta trama se cuantifican en "al menos 22", la mayor parte celebradas entre Cerdán y Díez, que "habrían servido para la coordinación y dación de cuentas".

 

REGISTRO DE LA CASA DE SANTOS CERDÁN

 

El juez ha ordenado, en el marco de estas pesquisas, que los agentes se personen igualmente en los domicilios del exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán y del exdirigente socialista en Andalucía Gaspar Zarrías. Las diligencias también afectan al empresario Javier Pérez Dolset, entre otros.

 

Gaspar Zarrías, que fue vicepresidente de la Junta de Andalucía, declaró en el marco de la investigación en los Juzgados de Plaza de Castilla, que instruye Arturo Zamarriego, que contrató a Leire Díez para que investigase una supuesta implicación del comisario jubilado José Manuel Villarejo en la investigación de la trama de los ERE, por la que Zarrías fue juzgado. Según precisó, llegó a pagar 4.000 euros mensuales durante cuatro meses a la exmilitantes socialista.

 

El pasado 8 de mayo, el juez Pedraz prorrogó un mes más el secreto de sumario en la causa que investiga a la exmilitante socialista Leire Díez por presuntas irregularidades en contratos de empresas públicas y entidades dependientes de la SEPI, según confirmó Europa Press de fuentes jurídicas.

 

Pedraz asumió las pesquisas el pasado mes de diciembre de 2025 después de la detención de Díez, el expresidente de la SEPI Vicente Fernández y el empresario y administrador de Servinabar Antxon Alonso, vinculado al ex 'número tres' del PSOE Santos Cerdán.

 

LA UCO RASTREA COMISIONES

 

La UCO sospecha que Díez, Fernández y Alonso habrían cobrado 700.000 euros en comisiones "implicando en su operativa a empresas públicas y entidades dependientes de la SEPI" en un total de cinco operaciones bajo sospecha.

 

Los tres habrían formado parte de un grupo llamado 'Hirurok' dirigido a orientar "diversos expedientes seguidos en la Administración pública, en beneficio propio o de terceros, aprovechándose de su posición, relaciones y capacidad de influencia sobre determinadas personas vinculadas a la función pública", según consta en un auto del magistrado Antonio Piña, quien estaba de guardia el día que pasaron a disposición judicial.

 

Entre 2021 y 2023, Díez, Fernández y Alonso habrían actuado de manera coordinada con el objetivo "de obtener el máximo beneficio económico a través del cobro de comisiones" a través de "contratación y facturación mendaz", según la investigación.

 

En conjunto, habrían conseguido decisiones favorables a sus intereses desde distintas administraciones "y a través de diferentes cargos públicos, implicando en su operativa a empresas públicas" y entidades vinculadas a la SEPI en un total de cinco operaciones que están siendo investigadas.

 

La UCO intervino material informático y dispositivos electrónicos durante un registro efectuado en el domicilio de Leire Díez. Posteriormente, el magistrado solicitó a la Guardia Civil que realizara un expurgo del mismo para preservar todo aquello que no tenía nada que ver con la causa.

 

Los agentes de la UCO ya accedieron a la sede federal del PSOE en Ferraz en junio de 2025 tras la imputación del que era secretario de Organización del partido, Santos Cerdán.